La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación se pone al día
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la anterior Ley de la Ciencia de 1986, se adaptará a la situación científica actual, que tiene seis veces más investigadores que en 1986 y unos fondos públicos que multiplican por catorce los de aquella época.
El nuevo texto responde a cuatro retos. El primero de ellos es el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer talento científico. La Ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D. Además, recoge la sustitución de becas por contratos para investigadores que comienzan el doctorado. Por otro lado, se intenta crear un sistema de I+D más eficiente y eficaz, con la creación de una Agencia de Financiación que pretende dotar de mayor autonomía a la actividad científica y que garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.
La normativa también incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, complementando así lo ya previsto en la Ley de Economía Sostenible.
Por último, establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas Administraciones, con instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.
Novedades de la Ley
Entre las novedades del texto aprobado están las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia, al tiempo que se incentiva a los investigadores. La Ley también apuesta por la difusión del conocimiento científico en la sociedad. Las Administraciones públicas deberán fomentar actividades con este fin.
Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación científica y de la actividad de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio científico y tecnológico histórico. La Ley también creará el Comité Español de Ética de la Investigación, que se ocupará de la ética profesional en la investigación y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y las privadas.
Otro de los objetivos de la Ley es mejorar la cooperación entre agentes públicos y privados a través de convenios de de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos, creación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.
Por último, se recoge el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica y la incorporación de la cooperación científica en el desarrollo de proyectos de colaboración con países prioritarios para la cooperación española.
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Entrevista a José Ignacio Alonso Montes, Subdirector General de Planificación Estudios y Seguimiento
CARM-
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