La Ley de la Ciencia, la TecnologÃa y la Innovación se pone al dÃa
La Ley de la Ciencia, la TecnologÃa y la Innovación, que sustituirá a la anterior Ley de la Ciencia de 1986, se adaptará a la situación cientÃfica actual, que tiene seis veces más investigadores que en 1986 y unos fondos públicos que multiplican por catorce los de aquella época.
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El nuevo texto responde a cuatro retos. El primero de ellos es el diseño de una carrera cientÃfica basada en méritos, estable y previsible, que permita retener y atraer talento cientÃfico. La Ley incluye un contrato de acceso para investigadores postdoctorales que permitirá incorporarse al sistema público de I+D. Además, recoge la sustitución de becas por contratos para investigadores que comienzan el doctorado. Por otro lado, se intenta crear un sistema de I+D más eficiente y eficaz, con la creación de una Agencia de Financiación que pretende dotar de mayor autonomÃa a la actividad cientÃfica y que garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.
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La normativa también incorpora novedades en el ámbito de la cooperación público-privada con fines cientÃficos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, complementando asà lo ya previsto en la Ley de EconomÃa Sostenible.
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Por último, establece mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas Administraciones, con instrumentos de coordinación a través de la Estrategia Española de Ciencia y TecnologÃa y del Consejo de PolÃtica CientÃfica y Tecnológica.
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Novedades de la Ley
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Entre las novedades del texto aprobado están las medidas que deberán adoptar los agentes de financiación para promocionar los centros y unidades de excelencia, al tiempo que se incentiva a los investigadores. La Ley también apuesta por la difusión del conocimiento cientÃfico en la sociedad. Las Administraciones públicas deberán fomentar actividades con este fin.
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Por otra parte, el Plan Estatal de Investigación CientÃfica y Técnica incluirá medidas para fomentar la divulgación cientÃfica y de la actividad de museos y planetarios, además de contemplar la protección del patrimonio cientÃfico y tecnológico histórico. La Ley también creará el Comité Español de Ética de la Investigación, que se ocupará de la ética profesional en la investigación y los conflictos de intereses entre las actividades públicas y las privadas.
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Otro de los objetivos de la Ley es mejorar la cooperación entre agentes públicos y privados a través de convenios de de colaboración que permitirán la realización conjunta de proyectos, creación de centros, formación de personal, acciones de divulgación y uso compartido de inmuebles, instalaciones y medios materiales.
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Por último, se recoge el fomento de la participación de la mujer en la actividad cientÃfica y la incorporación de la cooperación cientÃfica en el desarrollo de proyectos de colaboración con paÃses prioritarios para la cooperación española.
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Entrevista a José Ignacio Alonso Montes, Subdirector General de Planificación Estudios y Seguimiento